dijous, 30 d’octubre del 2014

#OpenGov Govern Obert [vídeo]


Vídeo explicatiu i de síntesi dels principis i conceptes que interactuen en el govern obert.
Aquest document és fruit del treball col·lectiu dels membres de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP www.xarxaip.cat

dimecres, 29 d’octubre del 2014

L'importància de poder enregistrar els plenaris municipals

[Pel seu interès reproduïm l'article de la Plataforma Graba tu Pleno]



La importancia de grabar los plenos en nuestros municipios


Es indudable la gran importancia que tiene para la transparencia en nuestras instituciones grabar los plenos municipales. Grabarlos constituye un ejercicio de transparencia muy necesario en nuestros ayuntamientos. En los municipios pequeños, en los que las leyes del juego político se basan en la costumbre, en "lo que se ha hecho siempre", grabar se puede convertir en un verdadero infierno, a pesar de que  la ley y la razón  estén de parte de quienes lo intentan y lo terminan logrando. Y así lleva demostrándolo años 'Graba Tu Pleno' en cada uno de los municipios en los que ha conseguido que sus ciudadanos informen en libertad sobre lo que acontece en esas sesiones plenarias.


Sorprende que los ayuntamientos de los municipios más pequeños sean también los más proclives a impedir que los vecinos graben el debate entre los miembros de la Corporación Local. Quizás una de las razones por las que se produce esta situación sea precisamente lo que desde 'Graba Tu Pleno' denunciamos siempre. Hay alcaldes que no gobiernan un consistorio concreto, sino que lo toman durante mínimo 4 años y a lo largo de estos años lo convierten en un cortijo particular en el que solo impera la ley del más fuerte.

En las últimas semanas hemos podido conocer cuatro casos más en los que el alcalde o alcaldesa pisan el derecho constitucional de grabar los plenos en sus respectivos consistorios. Ha dado la casualidad que en todos ellos el Equipo de Gobierno es del PSOE, pero a lo largo y ancho de toda la geografía española hemos podido encontrarnos de todo. En Malpica del Tajo (Toledo), Mario Cruz decidió llamar a la Guardia Civil el pasado jueves al comprobar que los activistas de la plataforma iban a grabar el Pleno de principio a fin.  En Belmonte (Cuenca), la socialista María Angustias Alcázar tampoco quiere demasiados testigos en las sesiones que preside como alcaldesa. En Grandas de Salime (Asturias), es otro socialista el que no se ha leído la Constitución Española. Eustaquio Revilla (PSOE), torea a un grupo de vecinos que lleva más de un año peleando por grabar los plenos de este pequeño municipio. También en Ricote, un pequeño pueblo de Murcia, Celedonio Moreno (PSOE) se niega a permitir que los vecinos informen de las decisiones que los representantes del pueblo toman en su nombre. En este último pueblo, los independientes aseguran que de grabarse los plenos municipales todo el mundo conocería el desprecio con el que  los miembros del Equipo de Gobierno se dirigen a los demás representantes. En una de estas sesiones la portavoz del PSOE (Ana María Aroca), llegó a decirle a otra concejala de la oposición que lo que ella estaba buscando es que la cogiera por los pelos. Quizás aquí tengamos uno de los motivos por los que existan alcaldes que se nieguen a permitir la grabación de los plenos. Cómo mostrar al pueblo la nefasta política que se está realizando en sus municipios. En el caso de Ricote, la política está más cercana a la conversación entre dos adolescentes antes de entrar en una discoteca que a la información veraz que como grupo político deben dar al resto de la Corporación Local. Grabar los plenos dejaría en evidencia la preparación profesional y el nivel humano de muchos de nuestros representantes públicos. Personas que, independientemente del color político o de las siglas bajo las que gobiernen, encuentran en la función de alcalde o concejal una salida profesional en lugar de un servicio a la comunidad y a sus iguales. Los hechos probados que ocurrieron durante la celebración de un pleno en la localidad murciana fueron condenados por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 de La Cieza. Ana María Aroca (portavoz del PSOE de Ricote), tuvo que pagar 100 euros a la concejala de la oposición María Victoria Martínez (AIRE) y asumir todas las costas del juicio.

Otra... ¿os imagináis a un concejal de participación ciudadana negándose a dar explicaciones sobre lo gastado con dinero público en un consistorio? Pues también ocurrió en Ricote (Murcia). José Antonio Sánchez, concejal de Participación Ciudadana del PSOE, no cree que deba explicar el dinero que se gasta el Ayuntamiento de Ricote en festejos. ¿Se pensaría dos veces antes de negarse a decir esto si hubiera una cámara grabando sus palabras en el salón de plenos?


Ya resumimos hace meses en un decálogo nuestra defensa de la libertad de información y las razones por las que es importante que los plenos municipales se graben y se difundan entre la población. Una de aquellas razones era precisamente esta, la evidente falta de respeto hacia los ciudadanos que muchos de estos representantes manifiestan cuando no hay testigos. Incluso habiéndolos, sin una cámara que lo registre, siempre podrán negarlo.


Hemos conseguido que vecinos graben los plenos y también diferentes partidos políticos nos den las gracias por nuestro trabajo. Sin embargo, observamos una contradicción en los dos grandes partidos PP y PSOE por partida doble. Por un lado, hablan continuamente de transparencia y participación política y tenemos casos documentados de alcaldes de ambos partidos que impiden sistemáticamente la grabación de los plenos. Parece que no hay una buena comunicación entre las diferentes agrupaciones locales y los órganos centrales de los partidos. De otra manera, nosotros no tendríamos que denunciar los múltiples casos que recibimos cada mes. Tendrían que ser los órganos de los partidos los que sancionaran a los alcaldes que incumplen el mandato constitucional. Por otro lado, parece advertirse un modo de posición ambivalente donde se recrimina al adversario que no se deja grabar en algunos casos y se guarda silencio cuando es un alcalde de su color político. Esperemos que alguien resuelva este caótico comportamiento algún día, garantizando los derechos de los ciudadanos.

dimarts, 28 d’octubre del 2014

Exemples de #OpenData Dades Obertes: OpenStreetMap, deu anys dibuixant el mon entre tots

[Pel seu interès reproduïm l'article de eldiario.es]


OpenStreetMap, una década trazando el mundo entre todos

El reto tenía una ambición tan global como mapear el mundo entre todos y que el resultado no perteneciera a nadie. Diez años y casi dos millones de editores después, sus responsables creen que es sólo el principio: OpenStreetMap tiene ahora que seguir creciendo en el multimillonario mercado de los mapas digitales.
OpenStreetMap, un mapa del mundo hecho entre todos
El 9 de agosto de 2004, Steve Coast, un estudiante de física inglés, registró el dominio openstreetmap.org. Los mapas de Gran Bretaña pertenecían a la Agencia Nacional de Geografía y costaban dinero. ¿Por qué no salir a la calle a hacer mapas, colgarlos en internet y sustituir los de pago por otros abiertos, editables y gratis? ¿Que la representación de las calles, las ciudades y los espacios fuera tan nuestra como la libertad para desplazarnos por ellos?
El resultado es historia y mañana cumple diez años: desde entonces, 1.731.674 usuarios mapean el mundo, sobre imágenes de satélite o con el GPS de sus móviles, y lo ceden al dominio público. A diferencia de Google Maps, Nokia o Teleatlas, el fabricante de TomTom, todo el contenido de OpenStreetMap (OSM) se distribuye bajo Licencia Abierta de Bases de Datos: cualquiera puede contribuir, modificarlo, copiarlo, adaptarlo y redistribuirlo. Es un mapa que nos pertenece a ti, a mí y a todos.
España: a la izquierda tal y como estaba en 2007 y a la derecha tal y como está ahora
España: a la izquierda tal y como estaba en 2007 y a la derecha tal y como está ahora
“Quedamos tres personas en un bar de Tribunal, porque los tres que editábamos trabajábamos en Madrid”, recuerda Iván Sánchez, presidente de OSM España. Era el comienzo de la comunidad, en ese momento fuerte en Reino Unido y Alemania, en nuestro país. “Era febrero de 2007. Esas Navidades yo estaba aburrido y me puse a jugar. En aquella época se llevaban mucho los 'mashups' de Google Maps: podías poner cosas sobre los mapas pero no modificar el mapa en sí. Si querías hacer un mapa distinto para un fin distinto que no fuera poner las carreteras y comercios que Google quería, no podías. Imagina un proyecto de investigación. En OSM puedes ponerte a contar edificios, árboles o lo que quieras”.
Entender esa diferencia es entender por qué el mundo necesita OpenStreetMap. ¿Por qué iba Google a invertir tiempo y dinero en incluir todas las fuentes de tu pueblo o tu ciudad en Maps? ¿Y si sus ciudadanos las quieren sobre el mapa? Añade una fuente es el reto de OSM España para este verano. Quizá un caso más relevante fue el de Filipinas, del que ya hablamos en HojaDeRouter.com. En noviembre del año pasado, miles de voluntarios mapearon con detalle el país tal y como estaba antes del tifón. Con la zona devastada, la Cruz Roja utilizó sobre el terreno mapas de OSM y actuó sabiendo que, si donde antes estaba un edificio ya no había nada, era probable que hubiera cuerpos debajo. Como actualizan en tiempo real y la comunidad ya sabe coordinarse en situaciones humanitarias - hay un equipo encargado, el Humanitarian OSM - reacciona ante ellas y salva, literalmente, vidas.
Madrid mapeado en 2007 y Madrid mapeado ahora
Madrid mapeado en 2007 y Madrid mapeado ahora
En 2007 España estaba en blanco. “Yo me acuerdo de hacer la M30 de Madrid. Luego hice la Nacional 6, otra persona la Nacional 2, otra la 4... Estábamos a ver quién hacía más kilómetros de autopista hasta que lo completamos. Fue un pique tremendo”, recuerda Sánchez. También en 2007 las administraciones públicas de toda Europa empezaron a ordenar y hacer más accesibles sus datos geoespaciales por imperativo legal. El papel de OSM España, que se incorporó a la Fundación en 2009, ha sido convencer a las agencias públicas de que publicaran los datos, o abiertos para incluirlos en OSM o directamente ahí.
“En 2007, OSM era ridiculizado por la Administración”, continúa. “Te decían: no lo hace como otros organismos, ni usa personal cualificado, ni equipamiento ni metolodogía apropiada para geógrafos. Todavía queda mucho por hacer, pero empiezan a abrirse más. El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea fue fantástico, porque obliga a las comunidades autónomas a ceder imágenes aéreas y eso a su vez las obliga a hacer la imagen una sola vez [como entre Hacienda y la Seguridad Social: no siempre se cruzan datos geográficos] así que la administración se organiza poco o a poco. Pero OSM ignora la crítica, se dedica a lo suyo y al final la gente lo usa”.
Además es gratis, así que cada vez son más las agencias públicas y empresas privadas (sobre todo tras el cambio en las condiciones de Google Maps, por cuyo uso hay que pagar) que lo utilizan. Incluso Telenav, la empresa en la que el fundador de OSM, Steve Coast, trabaja ahora, ha creado la primera aplicación de navegación GPS con OSM: ellos incorporan las indicaciones (rotondas, señales de stop y otros datos que no estaban del todo solucionados) y ponen el 'software', y OSM aporta el mapa.
"Esto es sólo el principio"
Diez años después, OpenStreetMap es un proyecto público, sin ánimo de lucro, creado a base de colaboración masiva y que, como Wikipedia, gana en precisión a los mapas privados. Todos conviven en el candente mercado de la localización, en el que varias empresas (Google, Nokia y Teleatlas son las principales) compiten por tener el mapa definitivo: al que uses para buscar dónde estás y el que terceras empresas paguen por utilizar.
Simon Poole, presidente de la Fundación OSM, ve un futuro en el que cada una encuentre su nicho de mercado. “La tendencia de abrir datos continuará y cada vez se podrán usar más fuentes de datos públicos liberados. Pero mientras que, para aplicaciones especializadas, esos datos sí que tienen que estar en bruto, el público sigue necesitando empresas que los incorporen en productos y servicios. Veremos diferentes modelos de negocio”.
Comparativa entre dos mapas de Madrid: a la izquierda, OSM; a la derecha; Google Maps
Comparativa entre dos mapas de Madrid: a la izquierda, OSM; a la derecha; Google Maps
Entre sus retos de futuro destacan tres. El primero, resolver el eterno debate sobre su licencia de uso. En 2012, OSM pasó de Creative Commons Compartir-Igual a Licencia Abierta de Bases de Datos, similar pero con debates internos sobre cuál de las dos fomenta mejor el desarrollo de los mapas. “No creo que sea lo correcto ahora. Pasamos cinco años de doloroso proceso interno cambiando de licencia y creo que deberíamos pasar más tiempo promoviendo OSM de nuevo que discutiendo entre nosotros. Dicho esto, si esta idea cobra fuerza, la fundación tiene un proceso democrático para decidirlo”, asegura Poole.
El segundo, aumentar la diversidad de los editores que, como varios miembros han descrito ( unodos y tres) son sobre todo hombres. “No tenemos información de edad o género, pero hay indicadores que dicen que los que más contribuyen son hombres”, continúa Poole. “Es una comunidad abierta y su concepto, recogida de datos geográficos, no determina género. Es un espejo de la brecha de género en tecnología. Podemos hacer cosas para atraer a más mujeres, pero eso no va a arreglar la causa del problema, que está en la educación y en viejas estructuras sociales”.
Y el tercero, terminar todo lo que queda por mapearUn estudio del Oxford Internet Institute Institute confirma que el 21% de los datos de OSM son de Estados Unidos, seguido de Francia, Canadá, Alemania y Rusia. Los cinco países juntos producen el 58% del contenido, entre todos los países ricos de la OECD elaboran el 80%, y aún quedan muchos datos por incluir (interiores de edificios, rutas ciclistas, transporte público, alturas...) Pero es que OpenStreetMap nunca será perfecto. El mundo cambia constantemente, así que su mapa libre tendrá que hacerlo con él.
El sábado 9 de agosto, OpenStreetMap celebra en varias ciudades el décimo cumpleaños de sus mapas. "Ahora hay que gestionar el crecimiento del proyecto, siendo una pequeña organización que opera en un mercado multimillonario, y manteniendo vivo el interés de los contribuyentes", concluye el presidente de la Fundación. "Esto es sólo el principio”.
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Las imágenes de este artículo proceden de OSM Then And Now y Map Compare

dilluns, 27 d’octubre del 2014

Estudi sobre les activitats dels parlamentaris europeus


l'Associació Transparència Internacional ha fet públic un estudi "EU Integrity Watch" sobre les activitats extra-parlamentàries dels parlamentaria europeus,

Aquí teniu el més destacat del estudi on podeu veure que es a esment a un eurodiputat català (Ramon Tremosa) com a possible irregularitat al no haver complimentat les declaracions d'activitats extra-parlamentaries.



Aquí teniu la pàgina de TI amb la resta d'informacions.

diumenge, 26 d’octubre del 2014

dissabte, 25 d’octubre del 2014

Opacitats detectades (XXXVII): Dret d'accés a l'informació pública, Llei de transparència, confiança


La "otra" transparencia: el derecho de acceso a la información pública

  • ... Pero con frecuencia se olvida que esa dimensión “activa” de la Transparencia es solo una parte del problema y por mucho que se invierta en ella tiempo y recursos una Administración Pública podrá ser tachada de opaca cuando no haya resuelto cabalmente el otro nudo de la cuestión: articular un sistema estructurado de acceso a la información pública y proveer con celeridad y transparencia esa información solicitada por las personas y entidades que la demanden o, en su caso, dar respuestas rápidas y motivadas en los casos en que ese acceso a la información pública sea denegado.
  • ... Ello podría implicar que, una vez que la Ley entre en vigor en lo que afecta al Título I de Transparencia para la Administración del Estado (al año de su publicación en el BOE), ese derecho de acceso a la información pública no solo sea plenamente ejercitable por los ciudadanos ante la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o dependientes, sino también ante cualquier Administración Pública (también ante las Comunidades Autónomas y Entidades Locales), pues cabe dudar razonablemente que se pueda dejar en suspenso o sin aplicación el ejercicio de un derecho (configurado de forma general y patrimonio de todos los ciudadanos) de acceso a la información pública en determinados niveles de gobierno.
  • ... Pero los problemas no solo provendrán de la situación que se deriva de no disponer de unos servicios administrativos ni siquiera mínimamente preparados para hacer frente a una hipotética avalancha (o, al menos, a un buen número) de demandas de información pública y carecer asimismo de criterios básicos para resolver la denegación de tal derecho de acceso justificada en materia de límites (test de daños o criterios de ponderación) o por afectar a la protección de datos. Los servicios técnicos y jurídicos de estas Administraciones estarán sin duda “en pañales” cuando las primeras demandas de información se activen y deberán articular tanto un órgano o unidad que resuelva tales demandas como los procedimientos internos de tramitación de las mismas.
  • Demasiadas preguntas sin respuesta clara para una cuestión de tanta relevancia y que puede explotar en las manos de esos gobiernos autonómicos y locales en breve plazo (o, al menos, plantear algunas dudas jurídicas y no pocas tensiones fácticas importantes). Siempre cabrá escudarse en las tesis “ortodoxa” que ese derecho es de vigencia o aplicabilidad diferida en estos casos, pero más tarde o más temprano intuyo que los tribunales de justicia desmontarán esa lectura formal y escasamente adecuada a lo que es la regulación general de un derecho por parte del legislador básico.

La transparencia

  • La transparencia, Dios, la transparencia!" clamaba Juan Ramón Jiménez buscando el nombre exacto de las cosas y otras poéticas claridades. La transparencia, Jesús, María y José, esgrimen ahora los políticos para demostrar que van a ser buenos y honrados a carta cabal.
  • Lo que ocurre es que la transparencia, que en un principio puede observarse como el no va más de la pulcritud política, no es, en el fondo, más que una claudicación, más que un ejercicio de estriptis para suplir la quiebra en la confianza que teníamos puesta en la mayoría de nuestros políticos. Me explico: Si usted, señora, o usted, caballero, tiene confianza plena en su cónyuge, no tiene por qué revisarle la cartera cuando él está en la ducha para ver si tiene un par de entradas picadas, de la obra de teatro en la que usted no fue con él; o no tiene ninguna necesidad de mirarle el wassap para ver si tiene un mensaje con una cita dentro. Ahora bien, si nuestro compañero o compañera de cama resulta que duermen en otra y nos tienen cosidos a mentiras, es lógico que le exijamos transparencia absoluta. O que lo mandemos con su santa madre, claro.
  • Triste sino para un país tener que vivir en la desconfianza perpetua con la gente que, en teoría constitucional, se presta voluntariamente a servirnos. Pero no hay que desesperar. Las bondades del sistema democrático permiten que, como digo arriba, los mandemos, con todo respeto, con sus santas madres, que en lenguaje político quiere decir no votarlos.

divendres, 24 d’octubre del 2014

La Fundació pel Coneixement Obert (OKFN) inicia un cens de les dades obertes (#OpenData) de les ciutats espanyoles,



A la Web es-city.census.okfn.org podem trobar els primers resultats (encara molt incipients) del que procurarem fer un seguiment.

Aquesta és la situació actual, amb dades força imcomplertes:

CiutatOct-2014
Saragossa915
Gijón390
Madrid325
Bilbao235
Tarragona215

De moment hem col·laborat intentant reflectir la situació de la nostre ciutat, si be és possible que no haguem sabut trobar alguna de les informacions, cosa que deixaria en evidència la dificultat per trobar-la.

Per tot això preguem a tothom que col·labori millorant o corregint aquesta primera valoració que hem fet. Si ho preferiu ho podeu posar com a comentari aquí mateix i nosaltres ho comprovarem i farem la modificació si s'escau.


dijous, 23 d’octubre del 2014

Guia de Transparència per ONGs, fins hi tot les de petit pressupost

[Ho podeu veu veure al complert a la web: guiatransparenciaong.fundacionlealtad.org]


¿Qué son los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG?

Son recomendaciones de la Fundación Lealtad en materia de transparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión de las ONG. Se trata de indicadores definidos por la Fundación Lealtad que abarcan múltiples aspectos del funcionamiento de las ONG. A través de los Principios, el donante podrá conocer mejor el trabajo y la realidad de las ONG, y contará con criterios objetivos para decidir con rigor con qué organización colaborar.

Los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas no constituyen ningún tipo de normativa legal. Tampoco se trata de un sistema de calificación de ONG, por tanto, los Principios no pretenden poner nota a las ONG. Es el donante, quién en función de la información suministrada, debe decidir la importancia que para él tiene cada uno de los Principios.

Pulsa sobre cada Principio para consultar el detalle de cada uno de ellos.


1.- Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno

2.- Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social

3.- Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad

4.- Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información

5.- Principio de Transparencia en la Financiación

6.- Principio de Pluralidad en la Financiación

7.- Principio de Control en la Utilización de Fondos

8.- Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales

9.- Principio de Promoción del Voluntariado

dimecres, 22 d’octubre del 2014

Intentant verificar les dades dels indults amb el ministeri de justicia

Sota el paraigües de la Fundació Ciutadana Civio s'ha posat en marxa la web El Indultómetro que recull tots els indults publicats al B.O.E.

Quan les dades que tenen no lliguen amb les que diu el govern, resulta que no poden contrastar la seva informació amb la del ministeri, aquest és el seu article explicant-ho:


VERIFICANDO LOS DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

POR EVA BELMONTE, 20 DE MAYO DE 2014.
¿Por qué los datos del ministerio de justicia y los de el indultómetro no coinciden? Puedes verificar los nuestros, pero no los suyos
El Confidencial ha publicado esta mañana una noticia en la que afirma que el Gobierno de Zapatero concedió 16 indultos por violencia doméstica y Rajoy ocho a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico. La única fuente es una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado socialista Javier Barrero que incluye cifras totales por año y delito de los últimos seis años. Pero, ¿son ciertos los datos que ofrece el Gobierno? Es imposible saberlo con certeza, puesto que no conocemos el método que utilizan. Lo que sí sabemos es que no coinciden con los nuestros, obtenidos mediante la extracción informática de la información publicada en el BOE y cuyo proceso de tratamiento y comprobación sí puedes verificar.
En muchos casos, la información que ofrece el Gobierno es la única fuente disponible para acceder a una información y no hay posibilidad de chequeo por parte de periodistas o ciudadanosEste no es uno de ellos. Los decretos de indulto se publican en el BOE, es esa fuente la que sirve de base para El Indultómetro y la que puede servir para contrastar la información del Gobierno.
Hemos comparado en una tabla los datos que ofrece el Gobierno y los que constan en la base de datos de El Indultómetro. En números totales, las cifras que da la respuesta por año son bastante menores. Esto tiene una explicación: no están contabilizando aquellos indultos que concede el Ministerio de Defensa y nosotros sí lo hacemos. Aun así, los números sólo coinciden en seis de los 13 años sobre los que dan datos. En el resto, las diferencias muchas veces son mínimas (un indulto arriba o abajo) pero en un caso concreto llegan a los 15. Para 2014, simplemente, la cifra no está actualizada: el Gobierno responde que suman 24 indultos pero, a día de hoy, ya se han publicado 60 en el Boletín Oficial del Estado. ¿A qué se pueden deber estas diferencias? Puesto que entendemos que todos los decretos de indulto se publican en el BOE, sólo puede deberse a un error de cálculo.
Pero las mayores diferencias llegan con la división por tipo de delito, que es la información que da forma, de hecho, al titular de El Confidencial. Nuestros datos muestran sólo un indulto a un condenado por violencia doméstica en 2010, nada que ver con los 16 que los encargados de elaborar estos datos dan al gobierno de Zapatero desde 2008. La única explicación posible es que incluyan en esa categoría delitos como lesiones, maltratos o intentos de asesinato que decidan clasificar como violencia doméstica. Pero no sabemos bajo qué criterios los han incluido, cómo han elaborado esa división de delitos ni en qué se basan. Hemos preguntado al Gobierno qué metodología utiliza para dar esos datos a través del formulario de la página web del Ministerio de Justicia. Lo que sí es público es cuál es nuestra metodología: utilizamos la clasificación de delitos del Código Penal, que es la más extendida.
El cuenteo de delitos contra la seguridad vial de los años analizados tampoco coincide. Según sus datos, y así lo reproduce el titular, el gobierno de Rajoy lleva ocho indultos por este tipo de delito. Así fue en 2012, pero no incluyen un indulto de 2013 para un taxista condenado por varios delitos, entre ellos uno contra la seguridad del tráfico.
Este caso demuestra la importancia de conocer la metodología para poder dar por buenos unos datos. O, al menos, para poder verificar que son exactos. En marzo, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó que este gobierno no había concedido ningún indulto en casos de corrupción. No era cierto. Entre malversación y prevaricación, dos delitos que se incluyen en esta categoría, ya sumaban ocho, como ya demostramos entonces. Tras estos desmentidos, matizó sus palabras y dijo que se refería a políticos condenados que se hubieran enriquecido económicamente de forma directa con dinero público, una categoría de delito que no existe más allá que en la mente del ministro.

dimarts, 21 d’octubre del 2014

European Quality of Government Index (EQI): Mapa de la qualitat del govern de les regions europees


El resultat és molt decebedor... estem fent alguna cosa al respecte?


Puntuaciones del Índice Europeo de Calidad del Gobierno (EQI, en sus siglas inglesas) Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente 2014. Social Indicators Research
Puntuaciones del Índice Europeo de Calidad del Gobierno (EQI, en sus siglas inglesas) Fuente: Charron, Dijkstra y Lapuente 2014. Social Indicators Research
El más reciente indicador comparado de la calidad de gobierno en regiones europeas, el European Quality of Government Index (EQI) muestra que nuestras comunidades autónomas mejor puntuadas (Asturias, Cantabria, País Vasco o La Rioja) presentan unos resultados similares a la media Europea; es decir, al nivel de Francia; mientras que las que aparecen como peores (Canarias, Extremadura, Valencia o Galicia) están más cerca de las regiones polacas, en la zona media-baja. Dentro de Europa nuestras comunidades autónomas se mueven pues entre la media y la mediocridad.
Los datos en detalle del EQI correspondiente al año 2013 pueden ser consultados en la revista Social Indicators Research ( Charron, Dijkstra y Lapuente), donde acaban de ser publicados. El estudio explora las percepciones de calidad de gobierno en 206 regiones de 24 países europeos. El índice EQI agrega una multitud de preguntas a los ciudadanos sobre cuáles son sus percepciones sobre la calidad de los servicios públicos en su comunidad autónoma (que no “de” su comunidad), del grado de imparcialidad de las instituciones y del grado de corrupción (tanto la experiencia personal de los encuestados como su percepción sobre la misma en las instituciones políticas).
El mapa de apertura muestra la variación regional en el EQI dentro de Europa y podemos ver cómo las comunidades autónomas españolas obtienen unos tonos ligeros: o bien de azul (ligeramente por encima de la media) o bien de rojo (ligeramente por debajo). Hay que tener en cuenta que algunas regiones de países no pertenecientes a la Unión Europea, como Turquía o Serbia, también están incluidas en el estudio, lo que implica que los resultados de nuestras comunidades serían peores si nos ciñéramos al contexto de la Unión Europea.
La Tabla 1 clasifica las comunidades autónomas emparejándolas con otras regiones de la UE con puntuaciones similar en el EQI, quedando agrupadas en conjuntos de comunidades con unos niveles parecidos.
 
Tabla 1: Percepción de calidad de gobierno (EQI) en las comunidades autónomas, 2013.
Antes de extraer demasiadas conclusiones de esta comparación entre comunidades autónomas, empecemos con algunos “peros” a la hora de interpretar la tabla:
 -“Pero” número 1: hay que tener en cuenta que, como muestra el gráfico 1, muchas diferencias entre comunidades no son estadísticamente significativas.
Gráfico 1: Percepción de calidad de gobierno (EQI) en las comunidades autónomas, 2013. Elaboración: Nicholas Charron
 -“Pero” número 2: hay algunas comunidades que cambian de forma algo brusca desde la primera oleada del estudio en el año 2010 (informe aquí), como indica el gráfico 2. Este sería, por ejemplo, el caso de Galicia, que en 2010 aparecía con una puntuación relativamente alta, comparada con 2013. Aunque ya entonces se podía ver que era una posición inestable, pues, cambiando alguno de los subcomponentes del indicador, Galicia “saltaba” muchas posiciones arriba y abajo.
Gráfico 2: Percepción de calidad de gobierno (EQI) en las comunidades autónomas, 2013. Elaboración: Nicholas Charron
 -“Pero” número 3: la tabla presenta el indicador agregado y, por tanto, es recomendable mirar los componentes individuales antes de extraer conclusiones sobre, por ejemplo, cuál es el grado de corrupción en una comunidad.
Hechas estas salvedades, el EQI apunta a una serie de regularidades – veremos si se confirman en futuras oleadas del estudio – que merecerían una reflexión colectiva. En primer lugar, los ciudadanos de dos comunidades, Asturias y País Vasco, están especialmente satisfechos con sus sectores públicos. Entienden que las administraciones actuando en su territorio lo hacen de una forma más imparcial, más efectiva y menos corrupta. Quizás las demás comunidades, en algún descanso entre tirarse los platos las unas a las otras y poner el plato para que Montoro lo llene en un acto de graciosa generosidad, podrían preguntarse qué es lo que las instituciones vascas y asturianas están haciendo bien. Esta debería ser, de hecho, una función fundamental del estado de las autonomías y de un eventual estado federal si algún día llegamos a construirlo: copiar, rectificar, aprender los unos de los otros.
En segundo lugar, el contraste entre nuestras dos comunidades con identidades más fuertes – Cataluña y el País Vasco – es llamativo: el País Vasco se asemeja a las regiones del norte de Europa mientras que Cataluña es mucho más “sureña”. Quizás Cataluña puede llegar a la Dinamarca del Sur con la que sueñan muchos pero, de momento, no apunta las maneras “nórdicas” del País Vasco o de las regiones más dinámicas del norte de Italia. Hay, en otras palabras, bastante margen de mejora en Cataluña.
Pero ¿por qué debe importarnos la percepción de la calidad de gobierno? Para empezar, porque algunos estudios han mostrado que, a largo plazo, la “riqueza de las regiones”  depende de la calidad de gobierno en las regiones. Y, si no estáis convencidos de que debemos reflexionar sobre cómo mejorar la calidad de gobierno en nuestras comunidades autónomas, echadle un vistazo a las correlaciones de la tabla 2. El índice de calidad de gobierno regional EQI está altamente correlacionado con todo tipo de “buenos resultados” en términos socio-económicos.
El buen gobierno es el camino para conseguir sociedades más ricas, con mayor calidad de vida y menos desiguales. Dejemos las balanzas fiscales y otras reyertas entre comunidades por un tiempo y pensemos cómo mejorar el funcionamiento de sus instituciones.

dilluns, 20 d’octubre del 2014

#Opengov Govern Obert: Situació a Espanya

“Impulsar la transparencia y la participación ciudadana debería ser una prioridad de todos los Gobiernos”
Institución Futuro presenta el estudio “El Gobierno Abierto: situación en España, CCAA y Navarra”, en el que recopila diferentes indicadores sobre la situación y la importancia que la sociedad española otorga a la transparencia y, en general, al Gobierno Abierto, como forma de vencer la desconfianza hacia las Administraciones Públicas.

diumenge, 19 d’octubre del 2014

dissabte, 18 d’octubre del 2014

Opacitats detectades (XXXVI): Reus, Sector infomediari, Obres públiques, Caja Madrid / Bankia, Llei de transparència, Fundacions invisibles

La transparència del cinisme [Reus]

  • Per altra banda, és molt greu l’autoinculpació referent al fet que s’estan pagant dietes sense justificació i quedar-se tan amples. No es pot acceptar l’existència d’aquests pagaments i concloure que a partir d’ara no es pagaran més dietes sense justificar. Per què doncs s’estaven pagant? Com és possible que encara es disposi així del diner públic després de tot el que ha passat? A quin comportament ètic responen aquests pagaments, localitzats en l’entorn de la sanitat reusenca, mentre es fan retallades? Es tornaran els diners pagats injustificadament? Massa preguntes sense resposta que no poden quedar-se en una estètica proclama de «som transparents».
  • La transparència no és solament informar del que està passant, sinó de rectificar les coses que es fan malament i depurar responsabilitats. 
  • Venir ara al final de mandat a dir-nos que moltes coses encara no es fan bé no és transparència, és un exercici de cinisme polític al qual, desgraciadament, els reusencs ja estem massa acostumats.

La transparencia genera negocio: el sector infomediario mueve ya más de mil millones

  • La apertura de fuentes de datos por parte de la Administración no es una amenaza para el sector, sino una oportunidad.

Psicólogos defienden la transparencia para evitar el miedo

  • La información clara, veraz y transparente es fundamental para evitar el miedo y la inquietud en la sociedad tras el primer contagio de ébola en España

La Fundación Civio prepara una gran web para fomentar la transparencia en las Obras Públicas y busca colaboradores

  • El 3% que denunció Maragall en el Parlament de Catalunya, los vínculos del caso Bárcenas con las constructoras, las costosas estaciones de AVE en medio de descampados. Estos casos de corrupción tienen algo en común: la contratación de obra pública. Y un proyecto de la Fundación Civio ha hecho un llamamiento al crowdfunding para construir una gran plataforma en Internet que analice obra por obra los posibles focos de corrupción.
  • Con la ayuda económica que se solicita en la plataforma de crowdfunding Goteo.org, Civio pretende extraer los contratos de obra civil que aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para crear una base de datos pública y reutilizable que incluirá, de forma estructurada, los datos más importantes de esas adjudicaciones: precio, fecha de ejecución, administración pública que paga la obra y, lo más importante, qué empresa se llevó el contrato.

De la Caja Madrid opaca y ‘negra’ a la Bankia transparente

  • Apenas dos años han sido necesarios para que la estrategia del oscurantismo y la corrupción instalada en Caja Madrid pasase a una política de transparencia de la heredera de la Caja, Bankia. La decisión de investigar y dar a conocer a la justicia y opinión pública el uso de las ‘tarjetas B’ de los altos directivos de Caja Madrid en la era de Miguel Blesa ha supuesto una dura decisión de la nueva junta directiva de Bankia, un ejercicio de transparencia que demuestra el cambio de rumbo de la entidad, no solo en su estrategia de negocio, también en la de comunicación.

Con la venia: La entrada en vigor de la Ley de Transparencia

  • La entrada en vigor de esta norma es, en mi opinión, uno de los acontecimientos de mayor relevancia en nuestro derecho administrativo en los últimos años.
  • la propia Ley dispuso que el Consejo de Ministros debía aprobar, antes del 10 de marzo de 2014, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano de nueva creación llamado a jugar un papel muy importante en la aplicación de la Ley. Hasta la fecha, el Consejo de Ministros ha incumplido el mandato legal. A dos meses de la entrada en vigor de la Ley, es urgente que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y apruebe el Estatuto.
  • En cuando a las administraciones públicas, será preciso que se les dote de los medios necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones legales.
  • La Ley española incorpora al derecho interno una serie de principios y reglas que llevan ya más de 10 años vigentes en la Unión Europea. Por ello, un repaso a cómo se aplican estas normas y las excepciones en los países de nuestro entorno, y en la propia Unión Europea, sería un ejercicio más que deseable.

Fundaciones 'invisibles' de PP, PSOE e IU recibieron donaciones irregulares de Caja Madrid

  • Un informe del Tribunal de Cuentas rechaza los acuerdos de colaboración firmados entre la fundación de la caja y Fundeste (IU), Fundescam (PP) y la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades (PSOE) por ser demasiado genéricos y su ánimo de “liberalidad”
  • Las donaciones, que entre 2009 y 2011 sobrepasaron ampliamente el millón de euros, eran superiores el máximo permitido por la legislación
  • La actividad de las tres fundaciones es invisible. Por ejemplo, según se puede comprobar en la base de datos del ISBN del Ministerio de Educación, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades tan solo ha editado un libro desde su creación, en 2003, pese a que es uno de los fines para los que fue creada, según su registro. El caso de Fundeste es más grave: su última publicación es de 1993. Ninguna de las dos aparece tampoco mencionadas en notas de prensa, informaciones, otro tipo de publicaciones, cursos o seminarios en los que participaran de una forma activa o pasiva. El rastro en Internet es nulo: ni siquiera tienen una página web propia.
  • En cuanto a Fundescam, tal y como publicaron Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en 2009 en Público, estuvo relacionada con la financiación de actos del PP a través de la red Gürtel. Tampoco aparece rastro alguno en Internet o en las bases de datos oficiales sobre su labor o sus publicaciones. Fundescam, además de dinero de Caja Madrid, recibía elevadas donaciones de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández que después consiguieron numerosas adjudicaciones con la Comunidad de Madrid. El PP gastó los donativos recibidos en Fundescam en la campaña electoral de Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción investigó un presunto delito de financiación ilegal que quedó en nada porque había prescrito el plazo para perseguirlo.

divendres, 17 d’octubre del 2014

Espanya, l'estat que aposta per estàndards oberts però tan sols fa servir PDFs

[Pel seu interès reproduïm la'article de eldiario.es]


España, el país que apuesta por los estándares abiertos pero sólo usa PDF

El uso de estándares abiertos en los documentos que la Administración publica es fundamental para que los ciudadanos accedan sin discriminaciones ni obligación de usar un sistema propietario sobre otro
España ya realizó la adopción del formato Open Document en 2012 con la publicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, sin embargo las administraciones no han sido capaces de adoptarlo dos años después
La presencia de formatos Microsoft Office sigue estando arraigada y el formato PDF parece haberse convertido en un comodín que no siempre es válido
ministerio hacienda
¿Cuál es el formato oficial para documentos en las AAPP de España?
Desde hace tiempo las Administraciones Públicas dedican recursos al desarrollo de plataformas y sistemas que les permitan tender un puente con los ciudadanos. Presentar la declaración de la renta a través de Internet se ha convertido en algo cotidiano, es posible realizar múltiples trámites por vía telemática y prácticamente podemos descargar cualquier formulario o normativa en formato electrónico.
Los ciudadanos cada vez contamos con más dispositivos con los que conectarnos a Internet y, por tanto, el abanico de sistemas operativos y aplicaciones cada vez es más extenso. Las Administraciones Públicas no pueden ignorar esta diversidad de plataformas y, por tanto, tienen que ser capaces de garantizar que, desde cualquier plataforma, los ciudadanos pueden realizar sus trámites en igualdad de condiciones.
Si no se establece un marco común, estos esfuerzos, aunque intenten ayudar a los ciudadanos, pueden terminar siendo en vano si, por ejemplo, las Administraciones Públicas nos ofrecen la información en formatos que luego no podemos visualizar o editar desde nuestros dispositivos.
No tendría sentido que, por ejemplo, para poder visualizar nuestro certificado de empadronamiento fuese necesario adquirir una licencia de una aplicación comercial o que, para presentar nuestra declaración de la renta, estuviésemos obligados a usar un navegador concreto.
Este marco común que permite que podamos acceder desde múltiples plataformas y sistemas es lo que conocemos como interoperabilidad y, aunque pueda parecer algo simple, no es una tarea sencilla; es necesario establecer un consenso o, al menos, una directriz de cumplimiento obligado en las Administraciones Públicas en sus distintos niveles.
¿Por qué es importante la interoperabilidad y la estandarización de formatos? Imaginemos un formulario que debemos presentar en el Ayuntamiento y descargamos la versión electrónica para cumplimentarlo, rellenarlo en casa y ahorrarnos algo de tiempo. Si el formulario estuviese publicado en un formato propietario, para acceder a un documento público sería necesario adquirir una licencia de software de una empresa privada: un escenario que, realmente, no parece razonable porque una información de carácter público sería totalmente dependiente de un producto de una empresa concreta.
Aquí es donde entran en juego los estándares abiertos, es decir, especificaciones de dominio público que pueden ser utilizadas por toda la industria de manera libre y que permiten la compatibilidad entre aplicaciones de distintos desarrolladores. Básicamente, la información almacenada en un estándar abierto puede ser tratada por aplicaciones de distintos fabricantes sin que ello implique pago de licencias oroyalties de cualquier tipo y, además, se garantiza que la información es perfectamente compatible y se puede procesar sin problemas.
Hace unos meses, el Gobierno de Reino Unido realizó un anuncio, precisamente, en este sentido: todos los documentos publicados por el Gobierno estarán en formatos abiertos, concretamente en ODF ( Open Document Format). El anuncio era significativo puesto que oficializaba la adopción de documentos abiertos y, por tanto, era una apuesta por la operabilidad. Al ver el anuncio de Reino Unido, no podemos dejar de preguntarnos por la situación en España, después de que entrara en vigor este año una directiva que obliga a las administraciones públicas a usar formatos abiertos.
Escritor
Reino Unido ha adoptado el formato Open Document para su uso en las AAPP. En España la decisión se tomó en 2012, ¿se está usando realmente el ODF en la Administración?

Esquema Nacional de Interoperabilidad

Esta directiva surge del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónicay señala, en su artículo 11 (negritas nuestras):
1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:
a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
Es decir, desde el año 2010, España tiene una norma que aplica a todas las Administraciones Públicas en la que se señala que se utilizarán formatos abiertos a la hora de compartir información con los ciudadanos. La lista de formatos no es algo a elección de cada entidad pública; la interoperabilidad requiere de normalización y el listado de estándares se encuentra tipificado en la resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.
¿Qué formatos son los que debemos esperar de las Administraciones Públicas en España? Atendiendo a las normas, los documentos en formato Open Document (ODF, que engloba ODT, ODP, ODS y ODG, es decir, el estándar ISO/IEC 26300:2006 Information technology - Open Document Format for Office Applications) son los oficiales para ficheros editables y, por supuesto, el PDF (ISO 32000-1:2008 Document management -Portable document format - Part 1: PDF 1.7) y PDF/A (ISO 19005-1:2005 e ISO 19005-2:2011 Document management -Electronic document file format for long-term preservation) para los documentos que no sean editables.
Aunque la normativa es del año 2010, el Esquema Nacional de Interoperabilidad entró en vigor el 1 de enero de 2014 y, por tanto, todas las Administraciones Públicas están obligadas a su cumplimiento y, por tanto, apostar por estándares abiertos como principal vía de publicación de la información.
Open document format
Formatos de Open Document

El Esquema Nacional de Interoperabilidad en España

Si uno revisa algunos servicios públicos disponibles en Internet, a simple vista parece que la mayoría de la información está disponible en formato PDF (incluso formularios, cuando este tipo de documentos no son editables y deberían ser ODF) aunque, según las normas vigentes, los documentos que cabría esperar deberían estar en formatos ODF y PDF. Un ejemplo simple lo encontramos en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde las consultas realizadas se pueden descargar en PDF y también en formato Excel (concretamente, XLS); un claro ejemplo donde no se da la opción de descargar las tablas en un formato libre frente a uno propietario.
Para conocer el grado de implantación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, desde eldiario.es nos pusimos en contacto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en varias ocasiones y tras dos meses aún no hemos recibido respuesta sobre este asunto. Desde Novagob, una red social que conecta a profesionales de las Administraciones Públicas y de empresas que trabajan en proyectos relacionados con la Administración, uno de los responsables, Roberto Santos, nos arrojó algo de luz sobre el tema y confirmó que, a pesar de tener una normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2014, las cosas no han cambiado mucho:
En cuanto al grado de adopción, la verdad es que su implantación es mínima (más bien residual) y el conocimiento real que tienen los funcionarios y responsables de sus obligaciones es escaso por no decir nulo.
Son varias las asociaciones y grupos de trabajo que han lanzado la voz de alarma sobre el no cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad y, por tanto, la no disponibilidad de la información en formatos libres. Un formato abierto no es lo mismo que un formato de uso generalizado puesto que éste no tiene por qué ser libre; un hecho que desde Novagob comentaron que no siempre queda claro: "Desde Open Knowledge Foundation, y desde otros grupos de trabajo, nos encontramos que tenemos que contar una y otra vez aclaraciones que ya están publicadas por el propio Ministerio. Por ejemplo, el formato de Word (doc) no es ni siquiera un estándar y por tanto no puede entrar en la categoría de formatos de uso generalizado".
Las Administraciones Públicas han tenido alrededor de 2 años para adecuarse al Esquema Nacional de Interoperabilidad; sin embargo, la inercia parece hacerlas depender de formatos propietarios como, por ejemplo, los de Microsoft Office (aunque Microsoft Office sea compatible con ODF instalando un complemento en la suite ofimática). El Gobierno de España publicó una guía para la adecuación al ENS que, desde la perspectiva de Novagob, es "completamente desconocida a pesar de ser exquisita en sus explicaciones".
Microsoft Office
Si apostamos por los estándares abiertos, ¿por qué hay páginas de las AAPP que siguen apostando por formatos privativos?

La importancia de los estándares abiertos

Las Administraciones Públicas deben seguir el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no se pueden decantar por una solución tecnológica concreta que no siga un estándar abierto. Un estándar abierto permite que cualquier empresa pueda desarrollar una aplicación o un servicio con la que intercambiar datos. "Los estándares abiertos, por tanto, no son el problema si no la solución a la diversidad de propuestas tecnológicas y sobre todo a la concurrencia en la contratación, fomentar la competencia, estimular el desarrollo tecnológico del pais y a buscar las soluciones más económicas", explica Santos.
Los estándares abiertos son inclusivos, abren las puertas a nuevos actores y permiten que los ya existentes también puedan entrar a competir sin mayor problema. Hace años que Microsoft dotó a Office 2007 de soporte para formatos ODF mediante la instalación de un plugin y, por ejemplo, el editor de documentos de Google Drive también ofrece soporte para este tipo de formatos.
La apuesta por la interoperabilidad es una palanca para democratizar el acceso a los servicios públicos digitales y son el principal garante de la neutralidad tecnológica; los ciudadanos, hoy en día, disponen de múltiples dipositivos y plataformas para conectarse a Internet y, a todas ellas, se les debe garantizar el acceso a los servicios públicos. Hace unos meses, la Junta de Castilla y León fue instada por el Parlamento de la comunidad a revisar el Portal Ganadero porque el uso de esta aplicación era dependiente de que el usuario tuviese un software y un navegador concretos en su equipo.
Regular el uso de estándares abiertos en las Administraciones Públicas es algo positivo; el gran problema que encontramos, ahora que es obligatorio su uso, es que las Administraciones Públicas no han sido capaces de adoptar un marco de trabajo para el que tuvieron dos años para adaptarse. La presencia de formatos Microsoft Office sigue estando arraigada y el formato PDF parece haberse convertido en un comodín que no siempre es válido.
Imágenes:  Niall Kennedy (Flickr) y FEMP